La Academia del Partal, asociación nacional de restauración, cree "fuera de lógica y no admisible" revertir el Teatro Romano

Valencia | EUROPA PRESS 14/02/2008

La Academia del Partal, asociación nacional que representa al mayor número de profesionales de la restauración monumental, aseguró hoy que la reversión del Teatro Romano de Sagunt (Valencia), que consideró "fuera de toda lógica y no admisible", "no favorece" la "buena conservación del pasado", por lo que considera "un ingenuo error" creer que con la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de revertir de las obras de rehabilitación "se vaya a solucionar el debate", según informaron fuentes de la entidad en un comunicado.

Desde la academia aseguraron que estas obras determinarán "graves problemas" de conservación sobre el patrimonio histórico, y recordaron que el 100 por cien de las intervenciones llevadas a cabo en los últimos siglos son todas, en mayor o menor grado, "recreaciones de los más señeros valores de cada monumento, y también de sus fábricas y elementos constructivos".

A su juicio, las actuaciones realizadas "de manera sistemática y perfectamente documentada" sobre los edificios que constituyen el "inigualable" patrimonio español, "suponen una reinterpretación de la historia, una demolición de añadidos, y una complementación de aquellas partes no existentes que se consideran indispensables para lograr la plena comprensión de sus excepcionales valores o para garantizar su conservación y su uso".

Así, indicaron que como dos siglos de intervenciones "demuestran", en la conservación del patrimonio arquitectónico, los criterios "son cambiantes y varían en función del momento histórico, el lugar, el estado físico constructivo, el uso, el momento cultural y un largo etcétera que sería prolijo describir".

Por ello, la Academia del Partal considera que la ejecución de la sentencia sobre el Teatro de Sagunt "no favorece la conservación ni la recuperación del patrimonio histórico arquitectónico heredado", y considera que, por este camino, "se entra en vía de contradicciones de dudosos y peligrosos resultados".

Apostaron desde la entidad porque sea la Administración valenciana quien encuentre la "interpretación más sensata" al cumplimiento de la sentencia, "que incluso pudiera o debiera contemplar la legalización, parcial o total, de lo llevado a cabo por Grassi y Portaceli, como remedio ante tanta arbitrariedad y contradicción como la que se dan en este caso".

Por último, recomendaron que se realice un "pacto para revertir" la Ley estatal de 1985 y que la nueva norma permita "la adecuación de la conservación del patrimonio histórico arquitectónico a las premisas de los tiempos en los que vivimos". "Así, conceptos caducos debidos a impulsos de aperturas democráticas y temores que pudieron tener su razón de ser en su día deben ser superados", sostiene, y añade que la ley "renovada no debería dejar de contemplar la metodología incuestionable" del procedimiento y el método que "se debe aplicar a cualquier intervención".

El proceso, según subrayó la entidad, es el del "análisis arqueológico; estudios históricos; recuperación documental; levantamiento fotogramétrico; análisis estructural y de patologías; usos posibles; adecuación a la normativa técnica en vigor y su posible interpretación para cada caso". Por último, indicó que el proyecto "tendrá que ser aprobado por los servicios de la administración, con técnicos expertos, y por comisiones independientes".

SIN "FRIVOLIZARSE".

Para la asociación, "la sociedad española merece, y la ciudad de Sagunto con mayor razón, seguir disfrutando del uso del Teatro Romano con la obra de Grassi y Portaceli tal y como está" y realizó la "seria advertencia de que cualquier intervención sobre un patrimonio tan relevante como el que nos ocupa no puede frivolizarse bajo premisas únicamente funcionales o políticas".

La Academia sostiene que "una cosa es el reconocimiento que los tribunales competentes han realizado de que la intervención practicada no se ajustaba a derecho y otra, la remoción de lo llevado a cabo". En su opinión, la demolición es "contraria al sentido común, un despilfarro de los caudales públicos y una pérdida irreparable de una ventajosa infraestructura cultural".

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